Víctimas en el conflicto aéreo

Con dolor de corazón

SURda

 

Internacionales

Jose María Gruber

Como dirían algunos, “estemos siempre con las víctimas”. Lo que ha ocurrido estos días en los aeropuertos españoles no tiene nombre. Los controladores aéreos han utilizado a las víctimas como rehenes ante el Gobierno y éste como arma arrojadiza en su lucha particular con los controladores. Y ha sido verdaderamente lamentable. Y es, de todo punto, comprensible el enojo y la rabia con que, casi todas esas víctimas, se expresaban.
Pero, ahora, que la cosa parece que empieza a normalizarse, con dolor de corazón todavía, pero, sobre todo, con la mente algo más fría, creo que es pertinente poner algunas cosas en su sitio.
Los ciudadanos y ciudadanas víctimas no han podido ejercer su derecho a viajar en avión. Es cierto. Pero sí han ejercido su derecho legal a tener vacaciones, porque su derecho ha sido respetado por sus respectivos empresarios, cosa que no ocurre frecuentemente. En ese sentido, han sido unos privilegiados. Porque no son, por mucho que nos hablen de cientos de miles de afectados, la mayoría de los trabajadores de este país, sino que, más bien, son muchos más quienes no tienen derecho a vacaciones, son una inmensa mayoría quienes no tienen vacaciones que disfrutar, en estas fechas y, más aún, quienes no pueden siquiera plantearse volar a destinos lejanos.
La jornada anual de trabajo, las vacaciones y los días de descanso de cada trabajador vienen regulados, con carácter general, por el Estatuto de los Trabajadores, donde se establecen unos derechos mínimos y unas obligaciones máximas para los trabajadores, y unos derechos máximos y unos deberes mínimos para los empresarios. Las cosas como son. Y, con carácter particular, esos temas se regulan por los convenios colectivos que, en una sociedad, en que, se dice, que “empresarios y trabajadores son libres para hacer valer, por igual, sus derechos”, esos acuerdos adquieren fuerza de ley.
Según el Estatuto, el calendario laboral se elaborará anualmente, de forma que el trabajador sepa, a principio de año, qué días tiene que trabajar y cuáles puede descansar. Porque no nos contratan para que estemos a disposición todas las horas del día y todos los días del año. También establece cuál será la jornada máxima diaria y el tiempo mínimo que debe mediar entre jornada y jornada. En función de todo esto y de la jornada anual pactada, quedará perfectamente determinado cuáles y cuántos días son de trabajo y cuáles y cuántos lo serán de descanso semanal o vacaciones. A los controladores aéreos no se les han respetado ninguno de estos derechos. No se ha respetado lo pactado en convenio, se les ha aumentado unilateralmente la jornada, no se les han respetado los días de descanso y se les ha querido obligar a hacer horas extraordinarias, entre otras irregularidades. Y, todo ello, sin tener en cuenta la responsabilidad que comporta su trabajo.
A las víctimas del parón de los aeropuertos se les ha respetado su derecho a tener vacaciones. En ese sentido, estaban en una situación más favorable que los controladores, aún a pesar de no poder viajar en avión.
El Estatuto de los Trabajadores establece, asimismo, que las horas que excedan de la jornada pactada, serán extraordinarias y siempre, repito, siempre serán voluntarias. El día 3 de diciembre, la mayoría de los controladores ya había cumplido la jornada anual, incluso la impuesta, mediante Decreto, por el Gobierno. No obstante, el Gobierno pretendía, mediante otro Decreto, obligarles a hacer horas extraordinarias. Y los controladores se plantaron.
Hasta aquí, los hechos.
Por eso, a pesar de que ganen mucho dinero, a pesar de la campaña general orquestada para que la gente se les eche encima, ¡olé! por unos trabajadores y trabajadoras que se deciden a defender sus derechos, poniendo en riesgo su propia comodidad. Hemos perdido, hasta tal punto, nuestra dignidad y la conciencia de lo que vale nuestro trabajo que, en vez de luchar por conseguir los mejores salarios y las mejores condiciones de vida que merecemos, condenamos a quienes lo hacen, poniendo, repito, mucho en juego.
No son, por otra parte, los controladores ningunas hermanitas de la caridad. Ni tienen porqué serlo. Cada uno defiende lo que cree que le pertenece. ¡Ojalá todos lo hiciéramos! Sabemos que las plantillas son escasas, que ello ocasiona el que se tengan que hacer muchas horas extraordinarias, que los controladores las hacen, habitualmente, con gusto, porque las cobran muy bien. Pero eso no quiere decir que se les pueda obligar a hacerlas. Porque en el momento en que el Gobierno dictaba su Decreto no había emergencia que atender. Porque la emergencia se produjo después, con el parón de los controladores y el caos, y no antes, cuando el Gobierno dictó el Decreto. Quiere decir que el Gobierno actuó irresponsablemente primero y que no puede irse de rositas en todo el asunto.
Sabemos también que, además de controlar el tráfico aéreo, controlan celosamente la entrada de controladores nuevos. Y que, parece, también, que lo hacen con métodos descaradamente corporativistas.
Pero, lo mismo que sabemos nosotros todas estas cosas, el Gobierno también las sabía. Y ese es el fondo de la cuestión.
En lugar de atajar realmente el problema, lo ha dejado pudrirse, ha esperado a que la gente cogiese las maletas y marchase a los aeropuertos, y ha lanzado su órdago. El Gobierno, en estos ocho meses, podía haber completado las plantillas y evitar que se tengan que hacer horas extraordinarias. Y podía haber arrebatado de las manos de los controladores el control del procedimiento de acceso a las vacantes que se produzcan para que cualquiera, libremente y en igualdad de condiciones pudiera acceder a ellas. Podía haber solucionado el problema. Sin embargo, ha preferido el caos, siendo consciente de que se iba a producir lo que se ha producido: llevar el Ejército a los aeropuertos. Todo ello, sabiendo que tenía las espaldas guardadas, que el escándalo de su decisión iba a ser amortiguado por los medios de comunicación con su sucia labor de pedir servilmente el linchamiento de los “salvajes” controladores, desviando, así, la atención de los ciudadanos y encubriendo su responsabilidad.
¿Qué ha pretendido, con ello, el Gobierno? Simple y llanamente “aligerar carga” para vender mejor, con más facilidad, el servicio aéreo, al mejor postor o a cuatro amigotes. El Gobierno no quiere que se completen las plantillas. Pero tampoco pagar horas extraordinarias. Sin completar las plantillas y despidiendo a los controladores díscolos, la oferta de privatización será mucho más atractiva para los inversores. Si privatizar servicios esenciales está demostrado que repercute negativamente en la calidad de los mismos, hacerlo, además, con estas artes es, de todo punto, inadmisible. Ante esto sí nos deberíamos movilizar todos.
Y, lo que es más importante: el Gobierno quiere dejar claro que no va a permitir que nadie se le suba decididamente a las barbas. Rubalcaba dixit. El estado de derecho sólo rige para los gobiernos, no para los ciudadanos. Una de las cosas que más pudo llamar la atención, en la tarde-noche del viernes, fue ver a los privilegiados que suelen tener un micrófono delante y largar, sin control, por la boca (y cobrar bien por ello) cómo les salía la rabia a borbotones, al verse sorprendidos, tocados en su orgullo y suficiencia por la “insolencia” de unos trabajadores asalariados, privilegiados, pero asalariados, al fin, de esos que no pueden escaparse de Hacienda, como seguro que hacen tantos otros por ahí.
Es hora ya de que demos la espalda masivamente a esos pontífices que, a diario, y a todas horas, nos machacan la cabeza para que acabemos pensando que lo que nos oprime es lo mejor que nos pudiera pasar.